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Quieren pagar más deuda que quedó del default de 2001

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Por Redacción

El gobierno enviará la semana próxima al Congreso un proyecto para que aprueba el pago de una sentencia “definitiva a inapelable” por la deuda en default.

“Son los casos presentados por un grupo de bonistas liderados por Attestor Máster y otro por Bainbridge Fund. Se desconocen los detalles del acuerdo que representa el primero del Presidente @JMilei”, posteó en su cuenta en la red social X Sebastián Maril, que sigue muy de cerca los litigios contra la Argentina a raíz del default y la ruptura de contratos emergentes de la explosión y salida del régimen de convertibilidad.

Luego de la resonante victoria jurídica y política que obtuvo la Argentina en el juicio por la expropiación, en 2012, de la mayoría accionaria de Repsol en YPF, el gobierno nacional buscará así cerrar lo que probablemente sean las últimas esquirlas o rescoldos de la deflagración económica y financiera de aquella crisis de 2001/2002.

En su posteo, Maril exhibió partes de un documento que el estudio que representa a la Argentina envió a la jueza Loretta Preska en la que informa a la magistrada que el 1 de abril pasado la Argentina alcanzó un acuerdo con los fondos demandantes, que ya tenían a su favor una sentencia a favor en ese mismo juzgado, en línea con compromisos provisorios alcanzados el 11 de marzo pasado, sobre los que en ese mismo día informó este medio

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Captura de pantalla de un tuit de Sebastián Maril con un documento legal sobre el caso Bainbridge Fund Ltd. vs. República Argentina y el acuerdo de pago de deuda

El presidente Javier Milei presentará un proyecto de ley al Congreso para pagar la sentencia definitiva por la deuda con ‘holdouts’, según un documento judicial que confirma un acuerdo de conciliación.

De hecho, el 11 de marzo pasado las partes del juicio habían solicitado “respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”, según señalaba un documento que concluía que las partes anunciarían oportunamente al tribunal sobre “el estado del acuerdo y cualquier necesidad de continuar con el proceso”.

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