En medio de una semana marcada por demoras, menor frecuencia y fuerte malestar de los usuarios, el Gobierno nacional volverá a reunirse con las empresas de colectivos en un intento por destrabar la crisis que atraviesa el sistema en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La Secretaría de Transporte, a cargo de Fernando Herrmann, convocó a las cinco cámaras del sector —AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP— a una mesa técnica que se realizará el martes 14. Allí se buscará avanzar en una “reestructuración integral del sistema”, con foco en la actualización de costos y el pago de la deuda que reclaman las compañías.
Un día antes, el lunes, los empresarios mantendrán un encuentro con funcionarios de la provincia de Buenos Aires, en la órbita del gobierno de Axel Kicillof, para intentar coordinar medidas que permitan aliviar la situación en el corto plazo.
Sin embargo, lejos de una solución inmediata, el escenario sigue siendo crítico. Las empresas aseguran que la deuda en concepto de subsidios ronda los $120.000 millones y advierten que las instancias de diálogo “no resuelven lo urgente”. En ese contexto, desde principios de abril aplicaron recortes de hasta el 30% en las frecuencias, principalmente por el impacto del aumento del gasoil.
Mientras tanto, los pasajeros son los principales afectados: largas esperas, unidades colapsadas y dificultades para cumplir con horarios laborales o de estudio se repiten a diario en distintos puntos del conurbano y la Ciudad.
Desde el sector empresario sostienen que continuarán prestando el servicio “con el máximo esfuerzo posible”, aunque reconocen que operan en condiciones económicas “extremadamente limitadas”.
El reclamo de fondo
Las compañías exigen una actualización de la estructura de costos y subsidios. Argumentan que el precio del gasoil utilizado para calcular las compensaciones quedó desfasado: fue fijado en $1744,15 por litro, mientras que hoy estiman que supera los $1900.
En paralelo, también impulsan un esquema que permita saldar la deuda acumulada con Nación, una de las claves para normalizar el servicio.
Actualmente, el Estado destina cerca de $90.000 millones mensuales en subsidios al transporte automotor, cubriendo alrededor del 65% del costo del boleto. El resto se financia con la tarifa que pagan los usuarios.
El dilema oficial
El conflicto expone un problema de difícil resolución para el Gobierno. Por un lado, aumentar los subsidios implicaría mayor presión sobre las cuentas públicas. Por otro, habilitar una suba del boleto tendría impacto directo en la inflación y en el bolsillo de los pasajeros, ya golpeado por los aumentos acumulados.
Hoy, en el AMBA, las tarifas mínimas oscilan entre los $700 y $871,30, con incrementos que ya superan a la inflación en lo que va del año.
En este escenario, desde la provincia descartaron, al menos en el corto plazo, un nuevo aumento del pasaje, mientras que desde el sector empresario admiten que esa posibilidad sigue en análisis.
A la par, la crisis ya muestra otro efecto: la caída en la cantidad de usuarios. Según datos del sector, en marzo los viajes en colectivo bajaron un 12% en días hábiles en comparación con el mismo mes del año pasado.
Lo que viene
Con negociaciones abiertas pero sin definiciones concretas, todo indica que el conflicto continuará en los próximos días. Mientras tanto, miles de usuarios seguirán dependiendo de un servicio cada vez más reducido, en una semana que ya se convirtió en sinónimo de hartazgo y complicaciones para moverse en la región.
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